Reunión de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario con la Subdirectora General de Coordinación de la Administración del Estado

Una delegación de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, encabezada por su presidenta, Mª Josefa Lueso y Mario de la Cueva, en representación de la Comisión Territorial de la Asociación, se ha reunido el 22 de julio con la Subdirectora General de coordinación de la Administración General del estado en el Territorio, Pilar González, que ha estado acompañada por el Subdirector General de Recursos Humanos, Luis Hernández.

Durante el encuentro, se han trasladado las propuestas de los compañeros destinados en los servicios territoriales de la AGE en relación con la oportunidad de hacer uso del derecho a la movilidad, reivindicando la necesidad de mejorar los procedimientos de provisión de puestos y el acceso a todos los destinos posibles por la vía de los concursos ordinarios anuales. Aunque conscientes de las dificultades para sacar adelante los concursos ordinarios cumpliendo plazos, dado el volumen de plazas ofertadas y las dificultades y trámites administrativos que conllevan, a lo que hay que sumarle durante el último año la complejidad sobrevenida de la pandemia, desde Política Territorial se han comprometido a convocar un concurso específico con carácter anual.

Al mismo tiempo, se ha tratado la posibilidad de retomar las fórmulas de provisión y movilidad extraordinarias, actualmente paralizadas como consecuencia del proceso judicial abierto a instancias de algunos particulares y también de una organización sindical. En este sentido, con el fin de encontrar una solución favorable a una situación, claramente injusta, que está causando un evidente perjuicio a los compañeros del territorio, y para facilitar la intermediación entre las partes, la Asociación se ha comprometido a dar traslado de esta situación a la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración civil del Estado (FEDEC), dada su naturaleza sindical.

Por otra parte, preocupa la importante carga burocrática a la que se ven sometidos tanto los operadores como los propios funcionarios en la gestión diaria de los expedientes administrativos vinculados al control oficial, lo que compromete el correcto funcionamiento del servicio de control veterinario en frontera y la merma de la competitividad de los puertos y aeropuertos españoles en un contexto internacional.